Educación en Contextos de Encierro y la Facultad de Derecho de la UNT trabajan articuladamente

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Educación en Contextos de Encierro y la Facultad de Derecho de la UNT trabajan articuladamente

Con la presencia de la Directora de Jóvenes y Adultos y Educación No Formal -a cargo de la Modalidad Educación en Contextos de Privación de la Libertad-, Eugenia Dip Torres; la Decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT, Adela Seguí; la Subsecretaria Académica, Larisa Moris y coordinadores del Área de Educación Superior en Contextos de Encierro, se reunieron para trabajar, facilitar el ingreso y acompañar la permanencia de personas privadas de la libertad en instituciones universitarias y no universitarias del nivel superior, y asimismo de generar articulaciones y dispositivos pedagógicos, en conjunto con estas instituciones, orientados a adecuar la oferta académica a las particularidades de estos destinatarios.

 

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales logró avances ejemplares al llevar adelante diversas iniciativas de visibilización y debate sobre el tema y, especialmente, al crear un programa de tutorías en contextos de encierro destinado a los más de 40 estudiantes alojados en diferentes unidades penitenciarias que han decidido formarse en esta profesión. La reunión fue muy productiva en términos de evaluar el estado actual de la situación así como de planificar líneas de acción para la mejora de la calidad y el fortalecimiento de las trayectorias de estos estudiantes, que cursan materias de primero, segundo, tercer y cuarto año y están alojados en el Complejo Penitenciario Villa Urquiza, en la Cárcel de Mujeres y en el Penal de Concepción.

 

Se dialogó sobre la necesidad de sostener los espacios sistemáticos de enseñanza de diferentes asignaturas en las mencionadas unidades de alojamiento, llevados adelante por docentes de la Facultad en coordinación con el equipo técnico-pedagógico de la modalidad, y de consolidar las instancias de estudio entre pares que se llevan adelante a través de voluntariados realizados por estudiantes avanzados de la carrera. Asumieron compromisos para posibilitar el dictado de los talleres integradores al interior de los institutos penales y para diseñar dispositivos de enseñanza y evaluación semi-presencial. Se logró un total consenso en la necesidad de profundizar y articular políticas que garanticen el acceso a la educación superior a personas privadas de la libertad, entendiendo la educación en todos sus niveles como un derecho humano y como cimiento para una sociedad más justa e igualitaria.